XXX Congreso 2015

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El Dr. Horacio Vommaro (Presidente de APSA) y el Prof. Dr. Daro Romero Crusellas hablan acerca de las especificidades del XXX Congreso Argentino de Psiquiatra.

Declaracin de la Asociacin de Psiquiatras Argentinos (APSA)


Buenos Aires, 18 de diciembre 2014

La Comisin Directiva de la Asociacin de Psiquiatras Argentinos (APSA) teniendo en cuenta informes recibidos por el Observatorio de Psiquiatra y Salud Mental de la Institucin -donde participan Directores de hospitales Pblicos de la especialidad y Jefes de Servicios de Hospitales generales de todo el pas- y las declaraciones de las Asociaciones de Psiquiatras de diferentes provincias y regiones de nuestro pas, como asimismo las consideraciones vertidas en distintos documentos y foros de la Comisin de Profesores de Psiquiatra de las Facultades de Medicina pblicas de la Repblica Argentina manifiesta, una vez ms:
  1. Su compromiso irrenunciable con los Derechos Humanos y como parte sustancial de ellos con el derecho y acceso a la Salud de todos los habitantes del suelo argentino.
  2. Que parte indeclinable de ese derecho es recibir la mejor calidad de atencin en Salud.
  3. Que la Salud Mental es parte de la Salud Pblica y considerarla aparte atenta contra el cuidado y la calidad de vida de los que requieren la atencin de los distintos dispositivos de Salud y fragmenta a la persona humana en una peligrosa dicotoma mente-cuerpo.
  4. Que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos en las condiciones de atencin de los pacientes y las condiciones de trabajo de los miembros de los equipos que los atienden (profesionales y no profesionales).
  5. Que las instituciones especializadas, habitualmente llamadas psiquitricos monovalentes (como son monovalentes los hospitales peditricos, oftalmolgicos, de enfermedades infecciosas, etctera) y quienes trabajan all, sufren tambin el estigma social que cae sobre los pacientes que se atienden en ellas. Atacarlas indiscriminadamente, ya sea con la polica como en el Borda o con la difamacin, criminalizando a los equipos que trabajan en ellas, es aumentar el estigma de la locura en la sociedad y privar a los pacientes ms pobres y desprotegidos del nico recurso con el que cuentan para buscar ayuda ante sus afecciones mentales.
  6. Mil veces hemos clamado por la financiacin, adecuacin edilicia y necesidad de mantener a nuestras instituciones especializadas integradas en una red de instituciones intermedias en la comunidad que permitan la reinsercin social de los pacientes sin familia que se internan en ellas. Pero esos recursos siguen cruelmente ausentes obligando a muchos pacientes a permanecer en las instituciones o enfrentar el abandono callejero. Cul es la razn por la que el rgano de Revisin (OR) creado por la Ley 26657 centra su accionar en el ataque a los hospitales especializados de Salud Mental y Psiquiatra y no exige la creacin de esa red, no inspecciona los servicios de hospitales generales que trabajan en condiciones inadecuadas (como la que llev a la trgica muerte de un paciente y un trabajador en el Hospital Gervasio Posadas que fue cuidadosamente acallada y no investigada por el OR) y no exige al Estado los recursos para aplicar adecuadamente la Ley 26.657 en lo que atae a la atencin cercana a los domicilios de los consultantes y la vivienda digna en la comunidad, entre muchos otros derechos? Habr que ocultar con pomposos documentos antimanicomiales los ahorros presupuestarios necesarios para poner en prctica lo que se declama?
  7. Que las opiniones sobre los mtodos teraputicos deben tener rigurosidad cientfica, y apoyarse en la consulta con los medios acadmicos y profesionales. Dictmenes como el Anexo RES. S. E. 17/2014 sobre El uso del Electroshock, emitido por el OR se compadece ms de panfletos anti psiquitricos de la dcada del 70 del siglo pasado que de un documento basado en los ms elementales conocimientos en la bibliografa mundial sobre su aplicacin y sobre sus indicaciones precisas, como cabra esperar del OR.
  8. Que las consideraciones del Anexo RES. S.E. N 15 /2014 sobre Muerte en Instituciones Monovalentes de Salud Mental, considerando que toda muerte ocurrida en estas instituciones debe ser considerada como una muerte dudosa y remitirse a la Justicia Penal, constituye un desconocimiento de dichas instituciones como parte del sistema de Salud, homologndolas con las crceles. Tal desatino no puede menos que despertar nuestro repudio y nos obliga a hacer un llamado de atencin a las autoridades para que cese ese ataque basado en premisas de corte ideolgico y carente del ms elemental conocimiento de la clnica, la psicopatologa y la teraputica de los trastornos mentales. Tales pronunciamientos falaces son discriminatorios de todas las profesiones y especialidades de los equipos que trabajan en esas instituciones de Salud.
Ante las situaciones mencionadas profundizaremos nuestros contactos e intercambios de trabajo y accin con las dems asociaciones mdicas, de otras profesiones del campo de la Salud Mental y de pacientes y sus familias, para alertar a la comunidad a fin de defender su derecho a la salud y recibir la mejor calidad de atencin en cada circunstancia. La captura por un grupo minoritario profundamente ideologizado, sordo y cerrado a toda consulta efectiva y transformadora de los consensos necesarios para mejorar el funcionamiento del campo de la Salud Mental de nuestro pas le est haciendo dao al mismo, resta fuerza al conjunto de sus miembros y nos debilita para afrontar su enorme desafo sanitario. Una vez ms, hacemos un llamado a las mximas autoridades del Estado de cada distrito para que revisen sus polticas y la conducta y criterios de sus funcionarios en relacin a nuestros reclamos.

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